Contratistas del Ministerio de Salud denunciaron presiones internas para acudir a la concentración convocada por el presidente Gustavo Petro en Ibagué, prevista para el viernes 3 de octubre de 2025. Según un testimonio difundido por Blu Radio, la orden de presencia en la Plaza Murillo Toro incluyó advertencias relacionadas con la continuidad de contratos.
En reuniones previas en la entidad, directivos y jefes de área comunicaron la obligatoriedad de participar en la movilización. «Soy contratista del Ministerio de Salud y Protección Social. Los jefes de área y directivos nos citaron a reuniones, a cada grupo por aparte. En nuestro departamento nos quitaron los celulares y los sacaron de las salas como evidencia para que nadie pudiera grabar», relató el funcionario.
De acuerdo con la versión entregada al medio citado, en esos encuentros se informó a los funcionarios que la participación debía registrarse mediante planillas y fotografías personales. La ausencia en el evento sería reportada de manera inmediata a instancias internas correspondientes. El denunciante describió un ambiente de silencio y temor permanente durante las citaciones obligatorias realizadas.
«Cuando se tratan esos temas el ambiente es ya silencioso, porque se percibe la amenaza de los contratos y se sobreentiende que quien no participe en las actividades del ministro o en las actividades del Gobierno podría quedarse sin contrato, o, como manifiestan, se puede hacer cesión de contrato», explicó.
Además, el contratista sostuvo que no se aprobaron viáticos para cubrir gastos de traslado ni estadía en la capital tolimense por lo cual cada trabajador debía asumir el costo por cuenta propia. Según la denuncia, los jefes de área mencionaron que la directriz venía «directamente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo».
Convocado por la Presidencia de la República, el evento en Ibagué reviste un carácter especial para el ministro Jaramillo, dado que corresponde a su ciudad natal, de acuerdo con la información compartida por el funcionario denunciante.
Igualmente, en semanas anteriores, el exsenador y precandidato presidencial David Luna manifestó a medios nacionales que situaciones similares constituyen «coacción política y abuso contra trabajadores vulnerables». En sus declaraciones, afirmó que entre los afectados se encuentran madres cabeza de familia, quienes deben desplazarse en horarios nocturnos o dejar solos a sus hijos sin apoyo institucional para cumplir con las exigencias.
Los testimonios recabados ponen en evidencia el señalamiento de un posible condicionamiento de la estabilidad laboral dentro de entidades estatales. Los denunciantes advierten que su permanencia contractual estaría vinculada a la asistencia en actos de respaldo a la administración actual en Ibagué.
